El aumento de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez ha incentivado investigaciones en torno al llamado “cártel inmobiliario”, grupo liderado por las administraciones panistas del exdiputado federal, Jorge Romero Herrera, y Christian Damián Von Roehrich de La Isla, así como del exdirector de Obras de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, junto al exdirector general jurídico y de gobierno, Luis Vizcaíno Carmona, quien fue detenido desde el pasado 30 de julio acusado de haberse enriquecido a través de extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.

De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que estos servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubieran un pisos de más en edificios, todo de manera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina FGJ-CdMx, informó que las acciones que se le imputan a Vizcaíno beneficiaron también a “jefes inmediatos” y “otras personas de alto nivel jerárquico”, tanto de la Alcaldía como del Partido Acción Nacional (PAN). Ya han sido detectados un total de 69 inmuebles en la alcaldía Benito Juárez relacionados con éste “Cártel Inmobiliario”, además de asegurar 46 cuentas bancarias relacionadas con ex servidores públicos.

La periodista Guadalupe Fuentes, asegura que el equipo de SinEmbargo realizó un recorrido a diferentes edificios ya construidos y otros en proceso de construcción en dicha alcaldía, en donde los vecinos mostraron cómo la mayoría de estos inmuebles no cuenta con los permisos de construcción a la vista, únicamente tienen “avisos de obra”, que son permisos para remodelar una vivienda. El medio consultó a la a las autoridades de la alcaldía sobre estas obras presuntamente irregulares, pero no obtuvo respuesta.

Al día de hoy, estas construcciones sin permiso que abundan en la Alcaldía, están en la administración de Santiago Taboada y, con base en los registros de la Procuraduría Ambiental y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalinas, estos edificios tienen de uno a siete niveles excedentes en su construcción. Al no haber respuesta por parte de estas autoridades, además de afectar a los residentes, la corrupción inmobiliaria obliga a los habitantes de estos edificios a vivir en la ilegalidad; colgar “diablos” para tener acceso al servicio de luz y no pagar impuestos como el predial.

“Lo que deben de comprender es qué ellos son víctimas, la culpa la tuvieron las empresas y la alcaldía Benito Juárez por haber emitido la terminación de obra”, señaló Guillermo Meixueiro, ex integrante del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que pidió a las autoridades voltear a ver a la gente afectada, a tratarlas como víctimas y ayudarlas para que puedan regularizar su situación patrimonial; afirma que se requiere el apoyo del gobierno, de la Seduvi, del Colegio de Notarios “y voluntad política”. Del mismo modo, el viernes pasado, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, anunció que se analiza regularizar edificios con anomalías en la Benito Juárez.